Cuando ocurre un terremoto, las primeras imágenes suelen mostrar edificios afectados, familias que han tenido que abandonar sus viviendas, calles transformadas y comunidades enteras intentando recuperar, poco a poco, cierta normalidad.
La atención se concentra, como debe ser, en salvar vidas, atender a las personas heridas, garantizar alojamiento, entregar alimentos, restablecer servicios y acompañar a quienes lo han perdido todo; sin embargo, detrás de la emergencia visible pueden profundizarse otras situaciones que no siempre aparecen en las fotografías ni forman parte de los primeros balances oficiales: las desigualdades y las violencias que afectan de manera particular a mujeres y niñas.
Los desastres no generan por sí solos las violencias basadas en género. Pero sí pueden agravar las condiciones que facilitan su ocurrencia, aumentar la exposición de las víctimas y reducir su capacidad para pedir ayuda.
Esta realidad obliga a ampliar nuestra manera de comprender la gestión del riesgo, porque prepararnos para un terremoto no significa únicamente saber cómo evacuar. También significa saber cómo proteger.
Un terremoto altera mucho más que la infraestructura. La pérdida de la vivienda, el desplazamiento temporal, el hacinamiento, la interrupción de las redes familiares y comunitarias, las dificultades económicas, la pérdida de fuentes de ingreso y las barreras para acceder a servicios institucionales pueden incrementar la vulnerabilidad de mujeres y niñas frente a diferentes formas de violencia. Para una mujer que ya vivía violencia dentro de su hogar, una emergencia puede significar permanecer durante más tiempo junto a su agresor, perder temporalmente una red de apoyo o encontrar mayores dificultades para acudir a una institución.
Para otras mujeres puede representar la pérdida de su fuente de ingresos y, con ello, una mayor dependencia económica. Para niñas y adolescentes, los desplazamientos, los alojamientos temporales, la suspensión de las actividades escolares y la alteración de sus espacios cotidianos pueden generar nuevos escenarios de riesgo.
También aumenta la carga de cuidado. En muchos hogares son las mujeres quienes asumen principalmente el cuidado de niños, personas mayores, familiares enfermos o personas con discapacidad. Después de una emergencia, esas responsabilidades pueden multiplicarse mientras ellas mismas enfrentan pérdidas materiales, miedo e incertidumbre.
Por eso, incorporar el enfoque de género en la respuesta frente a un desastre no es un asunto accesorio. Es una medida de protección y una cuestión de derechos humanos. Hay daños que no aparecen entre los escombros Después de un terremoto podemos identificar una pared caída.
Podemos contar las viviendas afectadas, determinar cuántas familias necesitan alojamiento temporal y calcular cuánto costará recuperar la infraestructura; no obstante, las consecuencias sociales son mucho más difíciles de medir.
La violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial puede permanecer oculta, especialmente cuando las personas afectadas se encuentran concentradas en resolver necesidades inmediatas como alimentación, vivienda, salud o seguridad.
Los escenarios de alojamiento temporal también merecen especial atención. Cuando numerosas personas deben compartir espacios, disminuye la privacidad y pueden aparecer nuevos factores de riesgo. La iluminación, la ubicación de baños y duchas, los espacios para dormir, los mecanismos de vigilancia y la posibilidad de solicitar ayuda de manera confidencial dejan de ser simples aspectos logísticos.
En consecuencia, la respuesta humanitaria necesita contemplar espacios seguros, mecanismos confidenciales de orientación, acceso a atención jurídica, sanitaria y psicosocial y una articulación permanente entre las instituciones responsables de la emergencia y aquellas encargadas de prevenir y atender las violencias basadas en género. Por ello, la entrega de asistencia humanitaria debe realizarse en condiciones que garanticen seguridad y dignidad. Los alojamientos temporales deben considerar las necesidades particulares de mujeres, niñas y adolescentes. Las rutas de atención frente a las violencias deben permanecer activas durante la emergencia.
Además, quienes participan en la primera respuesta, funcionarios, organismos de socorro, personal sanitario, organizaciones sociales y voluntarios, necesitan herramientas básicas para identificar factores de riesgo y saber cómo activar las rutas institucionales correspondientes.
Una emergencia no suspende los derechos. Y la protección frente a las violencias basadas en género no puede quedar en pausa mientras atendemos el desastre.
¿Qué nos enseña la experiencia internacional?
Esta preocupación no es exclusiva de Colombia. Las experiencias internacionales, particularmente en países altamente expuestos a amenazas naturales, muestran una evolución importante: la gestión del riesgo comienza a incorporar el género, la inclusión y la protección desde la preparación y no únicamente después de que ocurre el desastre.
Fiji, por ejemplo, ha avanzado en la incorporación de indicadores relacionados con igualdad de género, discapacidad e inclusión social dentro de sus políticas de reducción del riesgo y acción humanitaria. También ha fortalecido la utilización de información desagregada por sexo, edad y discapacidad y cuenta con una estrategia nacional para prevenir la violencia contra mujeres y niñas que contempla la importancia de mantener servicios esenciales antes, durante y después de las emergencias.
Vanuatu ha desarrollado iniciativas relacionadas con presupuestos sensibles al género y la incorporación de esta perspectiva en instrumentos de preparación y respuesta frente a diferentes amenazas naturales.
En las Islas Salomón se han impulsado mecanismos territoriales de protección y acciones orientadas a identificar las necesidades específicas de mujeres y poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Kiribati también ha desarrollado herramientas comunitarias de reducción del riesgo que buscan fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres y las niñas.
Estas experiencias, junto con los estándares internacionales promovidos por organismos como Naciones Unidas, dejan una enseñanza particularmente relevante: la protección frente a las violencias no debe improvisarse cuando el desastre ya ocurrió. Debe formar parte de la preparación para la emergencia.
Esto supone identificar previamente los riesgos, capacitar a los equipos de respuesta, garantizar mecanismos seguros de denuncia y orientación, mantener disponibles los servicios esenciales y permitir que las mujeres participen en la construcción de las estrategias de prevención, respuesta y recuperación.
Colombia necesita fortalecer la gestión del riesgo con enfoque de género
Colombia tiene una oportunidad importante para avanzar en esta materia. Somos un país expuesto a terremotos, inundaciones, deslizamientos, incendios y otros fenómenos que periódicamente generan emergencias en diferentes territorios. Por ello, la incorporación del enfoque de género en la gestión del riesgo no debería depender de la voluntad particular de una institución o de las medidas que se adopten después de cada desastre.
Debe convertirse en una capacidad permanente del Estado. El primer paso es fortalecer la articulación entre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y las instituciones nacionales y territoriales responsables de la prevención y atención de las violencias basadas en género.
Los planes de gestión del riesgo deben incorporar riesgos de protección y no solamente amenazas físicas. Los alojamientos temporales deben contar con estándares mínimos relacionados con privacidad, iluminación, baños, duchas, distribución de espacios y mecanismos confidenciales para solicitar ayuda.
Por su parte, las rutas de atención jurídica, sanitaria, psicológica y de protección deben permanecer operativas durante las emergencias. También resulta indispensable capacitar a quienes integran los equipos de respuesta para reconocer señales de riesgo y activar adecuadamente las rutas existentes, evitando la revictimización.
Necesitamos datos para comprender lo que ocurre después del desastre. Existe otro desafío fundamental: la información. Los primeros balances posteriores a una emergencia suelen concentrarse en personas fallecidas, heridas, damnificadas, viviendas afectadas e infraestructura destruida. Estos datos son indispensables, pero no suficientes.
Colombia debería fortalecer mecanismos que permitan analizar de manera diferenciada qué ocurre con mujeres, niñas y adolescentes después de un desastre. Esto implica disponer de información desagregada por sexo, edad, discapacidad y territorio y realizar seguimiento a posibles variaciones en los reportes de violencia, solicitudes de protección, atenciones sanitarias, orientación jurídica y acceso a servicios. Lo que no identificamos difícilmente puede convertirse en una prioridad de intervención.
Las mujeres deben participar en la reconstrucción
La incorporación del enfoque de género tampoco puede reducirse a considerar a las mujeres como una población vulnerable. Ellas son también lideresas comunitarias, profesionales, cuidadoras, emprendedoras, defensoras de derechos humanos y constructoras de territorio.Sus conocimientos resultan fundamentales para identificar riesgos que muchas veces no son evidentes desde las estructuras institucionales. Por eso, las organizaciones de mujeres, lideresas comunitarias y redes territoriales deben participar desde la preparación para las emergencias y continuar presentes durante la respuesta, recuperación y reconstrucción. No solamente como receptoras de ayuda, sino como protagonistas de las decisiones.
Cinco acciones que Colombia puede impulsar desde ahora
La experiencia internacional permite identificar al menos cinco acciones que podrían fortalecer nuestra respuesta:
Primero, establecer protocolos específicos de prevención y atención de violencias basadas en género dentro de los instrumentos de gestión del riesgo, con responsabilidades claras para las entidades nacionales y territoriales.
Segundo, adoptar estándares obligatorios de protección en albergues y alojamientos temporales, incorporando privacidad, iluminación, saneamiento, seguridad y mecanismos confidenciales de orientación y denuncia.
Tercero, garantizar la continuidad de las rutas de atención durante las emergencias, incluyendo atención jurídica, sanitaria, psicológica y medidas de protección.
Cuarto, implementar sistemas de información y seguimiento con enfoque diferencial, que permitan identificar tempranamente cambios en los riesgos y casos de violencia después de un desastre.
Quinto, garantizar la participación efectiva de las mujeres y sus organizaciones en la preparación, respuesta y reconstrucción, acompañada de recursos que permitan que esa participación sea real y sostenible.
No necesitamos esperar a que ocurra una nueva tragedia para comenzar a implementar estas medidas.
Un llamado a los gobiernos: reconstruir también es proteger
Este es, finalmente, un llamado a los gobiernos nacionales, departamentales, distritales y municipales. La gestión del riesgo del siglo XXI no puede concentrarse exclusivamente en infraestructura, evacuaciones y asistencia humanitaria. También debe ocuparse de las desigualdades y violencias que pueden profundizarse cuando una comunidad pierde aquello que le proporcionaba seguridad.
La prevención de las violencias basadas en género debe incorporarse de manera transversal en los planes de gestión del riesgo, protocolos de respuesta humanitaria y procesos de recuperación y reconstrucción.
Y para lograrlo se necesitan decisiones concretas.
Se necesitan recursos previamente asignados, funcionarios capacitados, rutas institucionales que continúen funcionando durante las emergencias, espacios seguros, sistemas de información, mecanismos de alerta y seguimiento, coordinación interinstitucional y participación efectiva de las organizaciones de mujeres.
Colombia cuenta con instituciones, universidades, consultorios jurídicos, organizaciones sociales, lideresas comunitarias y profesionales que pueden aportar conocimiento y capacidad territorial a este propósito.
El siguiente paso es convertir esa capacidad en política pública, presupuesto, protocolos y acciones verificables en los territorios. Porque cuando ocurre un terremoto no solamente se agrietan las paredes. También pueden profundizarse desigualdades, dependencias y violencias que ya estaban presentes. Por eso, la verdadera reconstrucción no puede medirse únicamente por el número de viviendas reparadas o por la infraestructura recuperada. Debe medirse por nuestra capacidad de proteger a quienes se encuentran en mayor riesgo.
Reconstruir también es prevenir.
Reconstruir también es proteger.
Reconstruir también es garantizar derechos.
Ninguna mujer, niña y adolescente debería tener que sobrevivir a un desastre natural y, al mismo tiempo, enfrentar una nueva forma de violencia. Hacer que esto sea posible no puede depender únicamente de la solidaridad ciudadana. Debe ser también un compromiso de los gobiernos y una responsabilidad del Estado.
Vanessa Quintana
Abogada Especializada | Magister –Docente | Investigadora | Doctoranda en Estudios Sociales.
