En las últimas décadas, Colombia ha consolidado un robusto marco normativo para garantizar la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres. Se han ratificado los principales tratados internacionales de derechos humanos y se han aprobado instrumentos fundamentales, entre los que destacan los Lineamientos de la Política Pública para la Equidad de Género (2012), el Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias (2012), la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011), la Ley 1257 de 2008 sobre prevención y sanción de la violencia y discriminación contra las mujeres, y la Ley 1719 de 2014, que fortalece el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado.
No obstante, subsiste una notable brecha entre el alcance de estas normas y su aplicación práctica. Las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres —física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y obstétrica— continúan siendo social e institucionalmente toleradas, cuando no naturalizadas. La elevada impunidad, la lentitud de los procesos judiciales y la inadecuada atención a las víctimas evidencian una resistencia al cambio que contradice el espíritu de la legislación vigente.
En particular, la violencia obstétrica —tipificada como delito en el Código Penal desde 2018— persiste como práctica habitual en muchos centros de salud. Definida como cualquier acto de abuso, maltrato o falta de respeto durante el embarazo, el parto o el posparto, se manifiesta en negligencia, represión de emociones y amenazas; circunstancias que transforman una experiencia vital en un hecho traumático.
Un estudio conjunto del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva (MNSSR), la Universidad Icesi y la Universidad Antonio Nariño, analizado por Profamilia, revela que el 42,2 % de las mujeres que dieron a luz reportó negligencia, el 35,7 % sufrió represión de sus emociones y el 27,1 % fue objeto de amenazas o intimidación durante el parto. Estas cifras subrayan la urgencia de revisar y transformar las prácticas obstétricas para garantizar una atención respetuosa y digna.
Para cerrar la brecha entre la norma y la realidad, resulta imprescindible:
1.Sensibilizar a profesionales y directivos de salud sobre los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres.
2.Fortalecer las rutas de denuncia y los mecanismos de acompañamiento integral, con perspectiva de género e interseccional.
3.Articular esfuerzos entre academia, sociedad civil, instituciones estatales y comunidades para desmantelar la cultura patriarcal que sustenta estas violencias.
4.Revisar y adaptar los protocolos de atención obstétrica, garantizando el consentimiento informado, la participación activa de la mujer en las decisiones y un enfoque de parto respetado.
Solo mediante una acción coordinada y sostenida podrá asegurarse que ninguna mujer viva ni dé a luz bajo la sombra de la violencia, construyendo así un sistema de salud verdaderamente digno y humano.
Referencias bibliográficas
PROFAMILIA (2024). De acuerdo con la Encuesta Nacional de Parto, el 42 % de las personas gestantes en Colombia experimentó algún tipo de violencia verbal durante su embarazo. Recuperado de: https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2024/07/El-42-de-las-personas-gestantes-en-Colombia-experimento-algun-tipo-de-violencia-verbal-durante-su-embarazo.pdf
